Debemos fortalecer la institucionalidad del sistema y garantizar que los fondos de la Seguridad Social se utilicen en beneficio de los afiliados, no como un capital dormido ni sujeto a injusticias
República Dominicana 2423/Septiembre/2025.–
La exdirectora de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), Nélsida Marmolejos, afirmó que urge una reforma profunda a las leyes 87-01 y 379-81, que regulan el sistema de pensiones en la República Dominicana, para corregir injusticias y garantizar mayor equidad a los trabajadores.
Durante una entrevista en el programa Sociedad y Seguridad Social TV, que producen Isabel Acevedo y Andrés Matos por Cinevisión, Marmolejos denunció deficiencias en varias instituciones clave del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Bajo la lupa
Marmolejos sostuvo que las irregularidades denunciadas en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) deben ser investigadas y sancionadas con firmeza. “SeNaSa es el programa más importante de la Seguridad Social, porque protege a los más vulnerables, tiene un carácter no lucrativo y, además, su régimen contributivo ofrece más beneficios que cualquier otra ARS del mercado”, afirmó.
Advirtió sobre la necesidad de mantenerlo fortalecido y evitar su privatización, destacando que en otros países, como en el caso del Medicare en Estados Unidos, planes de salud públicos han sido golpeados por grandes escándalos de corrupción.
Injusticias en las pensiones
En cuanto a las pensiones, Marmolejos criticó la situación actual tanto en el sector privado como en el público:
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Ley 87-01 (AFP): planteó que se deben reducir las ganancias de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para aumentar el capital acumulado de los afiliados, garantizando mejores beneficios en la vejez.
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Ley 379-81 (sector público): consideró injusto que un servidor público que no complete 20 años de servicio pierda todo lo aportado, ya que no se le devuelve el dinero ahorrado. Propuso un esquema de devolución proporcional.
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Señaló que las pensiones se calculan en base al salario mínimo, lo que genera montos ínfimos para los jubilados. Además, aunque un empleado gane más de ocho salarios mínimos, solo se pensiona con ese tope, lo cual calificó de “enorme injusticia”.
Ineficacia en el IDOPPRIL
Respecto al Instituto Dominicano de Prevención y Protección a Riesgos Laborales (IDOPPRIL), Marmolejos deploró que mantenga “recursos ociosos” mientras otorga pensiones de muy bajo monto. Recordó que una resolución del CNSS redujo de un 10 % a un 4 % la base de cálculo de las pensiones por discapacidad, afectando directamente a los afiliados.
Asimismo, criticó la falta de campañas de prevención de riesgos laborales y educación a los trabajadores, lo que –a su juicio– explica la acumulación de recursos que no cumplen con su finalidad social.
Llamado a la reforma
Finalmente, Marmolejos reiteró que el traspaso de fondos de IDOPPRIL hacia otras entidades es ilegal, por lo que recomendó modificar la Ley para regular estos procesos con transparencia y equidad.
“Debemos fortalecer la institucionalidad del sistema y garantizar que los fondos de la Seguridad Social se utilicen en beneficio de los afiliados, no como un capital dormido ni sujeto a injusticias”, concluyó.
